La industria mercenaria plantea problemas para América Latina

Por Cyril Mychalejko
09/09/07

“El sargento Arturo López, un instructor de tiro de la academia de policía del Salvador, recibirá 3200 dólares mensuales ―cerca del cuádruple de su salario actual― por proporcionar seguridad privada en Iraq.” Danna Harman (Christian Science Monitor).

Naciones Unidas emitió discretamente un informe que exponía una miríada de conculcaciones de derechos humanos vinculadas al crecimiento de la industria mercenaria que recluta ingentes miembros de países latinoamericanos.

“Hemos observado que en algunos casos el uso de ejércitos privados y compañías de seguridad que disfrutan de una inmunidad que puede fácilmente devenir impunidad supone que algunos estados puedan contratar a estas compañías a fin de evitar responsabilidades legales directas”, afirmó José Luis Gómez del Prado, presidente-relator del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos.Las conculcaciones de derechos apuntadas no se circunscriben a los civiles de los países en que actúan, sino que también afectan a sus propios empleados. Estos “soldados de la desgracia” a menudo se reclutan en poblaciones vulnerables de países en vías de desarrollo, como Honduras y Ecuador, países que el grupo de la ONU visitó el pasado año para llevar a cabo sus investigaciones. El paro masivo, los bajos salarios, gobiernos débiles e historias de conflictos violentos en estos países hacen de sus poblaciones mano de obra ideal. Asimismo, el informe expresa preocupación sobre el “fenómeno” de gobiernos latinoamericanos que subcontratan la seguridad nacional y funciones militares al sector privado y sobre el uso de tales operaciones para “proteger” a compañías petrolíferas y mineras.“Son necesarias regulaciones tanto internacionales cuanto nacionales en estos países”, afirmó Sanho Tree, miembro del Instituto de Estudios Políticos.
Tree, que ha estado observando durante años el papel de esta industria “fuera de control” en la “guerra contra las drogas” en América Latina, dijo que la falta de regulación y el descuido se deben al hecho de haber volado a bajo altura durante años y salir a la luz precisamente a causa de la guerra de Iraq. Se calcula que puede haber unos 50000 mercenarios operando en Iraq, siendo así la segunda mayor fuerza de la denominada coalición de voluntarios. Muchos de ellos han ido a parar al lado de soldados de EEUU en situaciones de combate.“Solamente el número de especialistas en seguridad que utilizamos en Iraq es mayor que el conjunto total de agentes diplomáticos de seguridad de que disponemos”, afirmó Gregg Starr, funcionario del Departamento de Estado en declaración ante el Congreso en junio de 2006.A pesar de la existencia de diversos informes de compañías importantes, la cuestión sigue sin poder obtener la atención que merece, ya que ningún medio de comunicación ha informado del informe de la ONU.Según el grupo de trabajo, puede haber unas 280 compañías privadas de seguridad actuando ilegalmente en Honduras. Un grupo de hondureños que trabajan en Iraq para una empresa filial de la Your Solutions Inc., de Illinois, dice haber sufrido “irregularidades en el contrato, duras condiciones de trabajo, sueldos pagados parcialmente o impagados, malos tratos, insolación y carencia de imprescindibles como tratamiento médico y servicios sanitarios”. Algunos ex empleados han presentado demandas laborales y criminales contra la compañía y las autoridades hondureñas.Otro escándalo exhumado contra la compañía en el informe del grupo de trabajo es el adiestramiento ilegal en Honduras de reclutas chilenos para Iraq. El informe sostiene que en septiembre de 2005 la compañía llevó al país a 105 chilenos, algunos ex soldados, con visados de turista. Éstos, junto a sus homólogos hondureños, fueron enviados a la antigua base militar del municipio de Lepaterique para recibir instrucción. Washington utilizó en los años ochenta la antigua base, actualmente un centro de desarrollo de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, para adiestrar a mercenarios de un tipo acaso no muy diferente, a saber, los Contras, el infame escuadrón de la muerte hondureño Batallón 316, y el Batallón de Inteligencia 601 argentino, una unidad “antiterrorista” iniciada bajo la Operación Cóndor.La posibilidad de cambios en la industria en Honduras es escasa, ya que el grupo de trabajo señala una “campaña de acoso, amenazas de muerte y difamaciones contra la Asociación para una Sociedad más Justa [ASJ, pro derechos humanos]”. El 4 de diciembre de 2006 Dionisio Díaz García, periodista y abogado de la ASJ en Tegucigalpa, recibió disparos en la cabeza mientras se dirigía al juicio en que estaba previsto que representara a un grupo de guardias de seguridad cuyos derechos laborales habían sido violados.En una declaración, la ASJ afirmó: “estas compañías han recurrido a la intimidación, campañas de difamación y la hostilidad abierta hacia los trabajadores de la ASJ. El lunes 11 de diciembre, el miembro de la junta y empleado del grupo Génesis, socio del Comité Cristiano Reformado de Ayuda Mundial de Honduras, recibió un mensaje de texto que decía «tú eres el próximo»”.En Ecuador las condiciones son más de lo mismo: inmunidad, impunidad, explotación y violaciones de derechos humanos y laborales. El informe expresaba la preocupación de que las compañías privadas de seguridad estaban utilizando las bases militares de EEUU en Manta para reclutar a empleados para operaciones extranjeras (Iraq y Afganistán) y dirigir la fumigación aérea y otras operaciones antinarcóticos bajo el “Plan Colombia”.“Una compañía transnacional privada de seguridad estuvo realizando tareas de contrainsurgencia y antinarcóticos desde la base militar de Manta”, afirmó Gómez del Prado, de la ONU, añadiendo que esas funciones debería realizarlas el personal militar estadounidense exclusivamente.Manta se ha convertido en una vara luminosa política, ya que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha amenazado con no renovar el “Acuerdo de cooperación” con EEUU (que expira en 2009) que permite a Washington utilizar la base de las fuerzas del aire. El acuerdo también garantiza inmunidad al personal militar estadounidense y a los contratistas civiles ―una cláusula que el grupo de trabajo considera problemática. El informe y su documentación de abusos en el uso de la base junto con la opinión pública firmemente al lado de Correa puede incluso facilitarle echar a Washington cuando expire el acuerdo.Jeffrey Shippey, un ex empleado de DynCorp International en Manta, creó una compañía fantasma, Epi Security and Investigations, y reclutó a más de 1000 colombianos y ecuatorianos para trabajar en Iraq. El informe se fijó en que la compañía no estaba inscrita en Quito ni en las autoridades locales provisionales. ONG informaron al grupo de trabajo de que la compañía estaba utilizando supuestamente a instructores chilenos y ex personal militar colombiano.Shippey escribió en un anuncio de promoción de su compañía en la página web del Iraq Job Center (www.iraqjobcenter.com) que “estas fuerzas han estado combatiendo a terroristas desde hace 41 años y… han sido adiestradas por la marina de guerra y la DEA estadounidenses para dirigir operaciones antidroga y antiterroristas en las selvas y ríos de Colombia”.Otra virtud de sus mercenarios es que cobran considerablemente menos que sus homólogos estadounidenses. En julio de 2005 Shippey informó a Los Angeles Times de que “el Departamento de Estado de EEUU está actualmente muy interesado en ahorrar en seguridad. Como están bajando los precios, estamos buscando gente en el tercer mundo para cubrir los puestos”.A Adam Isacson, director de programas en el Centro de Política Internacional, le preocupan las historias que aún no han salido a la luz. Mencionó un informe, traducido en su página web (http://www.ciponline.org/colombia/blog/archives/000299.htm), sobre colombianos que trabajan en Iraq para una filial de Blackwater USA, que les había quitado los billetes de vuelta desde que se quejaron porque sólo se les pagara 1000 dólares mensuales después de que se les prometieran 4000. Eran prácticamente rehenes.“Era casi esclavitud”, dijo Iscason. “Dios sabe cuántos casos más debe haber.”Tree, del Instituto de Estudios Políticos, afirmó que hay otras consecuencias que no podremos ver en años. Una de las más preocupantes es que esta gente puede aprovechar este adiestramiento para actividades criminales violentas. Un ejemplo de ello es la historia de los Zetas, un grupo de comandos paramilitares mejicanos adiestrados por las fuerzas especiales estadounidenses para combatir a bandas de narcotraficantes. Muchos miembros de este grupo trabajan actualmente para el tristemente célebre Cártel del Golfo, del que se cree que suministra grandes cantidades de cocaína a EEUU.“No adiestren a gente de la que no saben de qué lado estarán al final del día”, dijo Tree.
Cyril Mychalejko es el editor de www.UpsideDownWorld.org, donde se publicó originalmente este artículo. También puede encontrársele en Cyril(at)upsidedownworld.org. Para leer el informe sobre el uso de mercenarios del grupo de trabajo de la ONU: http://www.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm

Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Escribano